El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 son dos herramientas que guiarán la actuación de los poderes públicos y del sector privado en su transformación hacia un modelo sostenible que abarque las nuevas formas de movilidad.
Adigital y Smart Mobility, el colectivo de empresas de movilidad sostenible, dan la bienvenida a ambas iniciativas, aunque insisten en la necesidad de abordar este hito con ambición en relación con la promoción de las nuevas formas de movilidad inteligente.
Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible
El pasado 1 de marzo se aprobó el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible en Consejo de Ministros, dando inicio al trámite de audiencia e información pública hasta el 13 de abril de 2022. Una vez finalizada esta consulta y analizada las aportaciones, la norma comenzará su tramitación parlamentaria. Se prevé que la aprobación y entrada en vigor de la ley se realice en el último trimestre de 2023.
El objetivo de la Ley de Movilidad Sostenible (a secas, en contraste con el nombre inicial de la norma, “Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano) es constituir el marco normativo en materia de transporte impulsando la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial. Para ello, la norma se estructura en torno a cuatro pilares: (i) el reconocimiento de la movilidad como un derecho social; (ii) el fomento de una movilidad limpia y saludable; (iii) el impulso a la digitalización de la movilidad; y (iv) la mejora de los servicios prestados a la ciudadanía.
Para ello, el texto del anteproyecto contempla soluciones alternativas de movilidad, como la movilidad compartida y colaborativa, e insta a las administraciones públicas a garantizar el derecho a la movilidad a través de estos modos de transporte, así como del transporte público. Incide en que se deben utilizar todos los mecanismos e instrumentos disponibles para permitir satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos sin necesidad de disponer de un vehículo privado motorizado, haciendo un uso eficiente de los recursos. El anteproyecto introduce también diversas novedades que tienen en cuenta las nuevas formas de movilidad, como la obligación de que las empresas de más de 500 trabajadores cuenten con planes de movilidad sostenible al trabajo. La futura norma también busca impulsar un Plan nacional de uso de la bicicleta, así como la creación de un sandbox de movilidad para proyectos innovadores, en colaboración público-privada.
Por último, en el contexto de la gobernanza, se prevé la elaboración de un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad, y los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes deberán desarrollar Planes de Movilidad Urbana Sostenible. La norma también creará el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible para la cooperación interadministrativa a nivel nacional, autonómico y local en materia de movilidad, siguiendo un esquema similar al de Sistema Nacional de Salud.
Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible es el instrumento jurídico que aporta desarrollo normativo a la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 10 de diciembre. La Estrategia pasa a ser la hoja de ruta que guiará las actuaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en materia de transportes y movilidad para los próximos diez años.
Bajo el paraguas de tres principios básicos (seguridad, sostenibilidad y conectividad), la Estrategia, también denominada «es.movilidad», se organiza en 9 ejes, 41 líneas de actuación y 150 medidas concretas, donde el objetivo principal es garantizar un sistema de transportes y logística eficiente, sostenible y resiliente en España.
La digitalización del transporte se alza como un asunto transversal en el texto de la Estrategia, que señala dos retos principales: la necesidad de regulación de los ecosistemas digitales sin menoscabar la innovación y la competitividad; y el uso de estas tecnologías por parte de la administración para la planificación y la gestión. De este modo, es.movilidad hace hincapié en que la colaboración público-privada será fundamental para poder sortear estos desafíos.
De una forma más concreta, el eje 5, centrado en la movilidad inteligente, propone soluciones alternativas, como la movilidad compartida y la micromovilidad, ambas señaladas como alternativas claras al vehículo privado. En materia de movilidad compartida, por un lado, la Estrategia señala la necesidad de cambiar hacia un modelo de transporte compartido, que fomente tanto el coche compartido como los viajes compartidos, junto con el fomento del transporte público y la movilidad activa, tanto por iniciativa de las administraciones como por parte de los ciudadanos. En materia de micromovilidad, por otro lado, la Estrategia apuesta por potenciar el desarrollo de infraestructuras para estos vehículos a muy corto plazo, así como la regulación de los vehículos VMP (e-scooters, patinetes, etc.), prestando especial atención a las soluciones digitales, el Big Data y la inteligencia artificial.
Un nuevo modelo de movilidad donde prime la colaboración público-privada
En lo que respecta a estas iniciativas para el impulso de la movilidad sostenible, Adigital y Smart Mobility, hacen una valoración positiva, ya que suponen una oportunidad a efectos de facilitar alternativas alineadas con las necesidades de la sociedad actual, con la mirada puesta en la digitalización y en el fomento de nuevas formas de transporte. Sin duda, la Ley de Movilidad y la Estrategia constituyen dos instrumentos fundamentales para dar pasos hacia la movilidad del futuro, que junto con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, se presentan como herramientas que abren el camino hacia un modelo de movilidad sostenible que se apoye en soluciones innovadoras y digitales.
No obstante, desde Adigital y Smart Mobility, como actores proactivos en el impulso de la movilidad compartida basada en la innovación, también han puesto de manifiesto varios puntos que deben ser objeto de mejora por los poderes públicos para lograr la implementación de un modelo efectivo de movilidad sostenible en España:
En lo que se refiere a la movilidad compartida, echamos en falta una mayor ambición en el texto del Anteproyecto a la hora de proponer incentivos reales para fomentarla. La futura norma debe favorecer el desarrollo de la movilidad compartida a través de propuestas concretas, por ejemplo, revisando la fiscalidad de este tipo de movilidad o planificando las infraestructuras de transporte. Igualmente, es necesario trabajar en un marco normativo o líneas de orientación que favorezcan una armonización de las prácticas existentes en las distintas ciudades españolas, en cuanto al tipo de regulación local, licencias y autorizaciones de estas actividades de movilidad compartida. Por ejemplo, a través de una ordenanza tipo para los municipios que decidan regular la actividad.
En lo que respecta a los planes de movilidad sostenible al trabajo, también proponemos que se acompañen de medidas adicionales de incentivo, ya sea mediante una subvención pública directa o mediante incentivos fiscales aplicados a los modos de transporte compartidos o bajo demanda.
Respecto a la obligación de compartición de datos de demanda, Smart Mobility reconoce los beneficios que esta medida puede tener sobre la planificación de infraestructuras y la gestión del transporte en la ciudad, pero, considera esencial que a la hora de realizar esta compartición, se tengan en cuenta algunos de los retos específicos a los que se enfrentan las administraciones públicas, las empresas y los particulares y que pueden socavar el ecosistema de intercambio de datos.
Por último, respecto a la información y gestión ambiental, Smart Mobility considera que los requisitos medioambientales en el Anteproyecto podrían ser más ambiciosos para reforzar el impacto de las iniciativas privadas frente al reto climático al que nos enfrentamos.